«Es la hora del cambio», dijo el 7 de agosto de 2022 el recién posicionado presidente Gustavo Petro al dirigirse a la nación. Ha pasado un año y su propuesta de transformación ha tenido que enfrentarse a una realidad signada por la violencia, el narcotráfico, la exclusión social, el poder mediático y una nueva presión de la oposición para orillarlo a renunciar.
Toda iniciativa de cambio se topa con la resistencia. Colombia es un país que no había tenido un presidente progresista y donde los poderosos tienen lazos con la oligarquía, el narcotráfico, los intereses foráneos y el paramilitarismo, que incluso ha formado parte del Estado.
Entre las prioridades de Petro están la ansiada paz y las reformas de leyes en pro de los más golpeados por la confrontación y el olvido. Sin embargo, ha habido serie de trabas que han ralentizado los procesos y obligado a reajustar el rumbo.
Aunque el líder del Pacto Histórico en su discurso de toma de posesión se refirió a la necesidad de unidad, en este aspecto tuvo reveses en el Congreso, donde la coalición de su partido sufrió una profunda fractura, como en su gabinete, con 11 cambios de ministros.
El reto de culminar el Gobierno
A lo largo de este año quedó en evidencia el enorme poder de los medios opositores que han torpedeado sus propuestas y que han dado amplia cobertura a su disputa con el titular del Ministerio Público, Francisco Barbosa, y a los escándalos que involucran a su familia y a su círculo más cercano.
Su hijo, Nicolás Petro Burgos, detenido el 29 de julio, acusado por la Fiscalía de cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, expuso recientemente que la campaña presidencial de su padre recibió financiamiento ilegal, aunque aclaró posteriormente en una entrevista de Semana que ni su papá, ni Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y jefe de campaña de Petro, sabían que había recibido fondos irregulares.
En este caso que lo toca directamente, el líder progresista ha pedido que la Justicia se aplique «de manera imparcial, con el debido proceso y las garantías constitucionales». Asimismo, ha reiterado en varias oportunidades que su campaña no recibió «dinero alguno de carácter ilícito» y ha dicho que él mismo pidió que su hijo fuera investigado-
La oposición más férrea anunció movilizaciones para pedir su renuncia, mientras que Petro y quienes lo apoyan consideran que se trata de un «juicio político», sin pruebas, que busca acabar con su Gobierno. Sin embargo, se espera que la Fiscalía, con quien no tiene las mejores relaciones, logre demostrar la veracidad o no de las acusaciones.
Este escándalo se une las insinuaciones sin comprobar hechas por su exembajador en Caracas, Armando Benedetti –sobre supuestos dineros irregulares en la campaña presidencial en la costa colombiana– durante el escándalo conocido como ‘niñeragate’, donde estuvo involucrada la exjefa del Despacho de Petro.
Ya transcurrió la cuarta parte del periodo presidencial y restan tres años para intentar consolidar su propuesta. Por ahora, las líneas gruesas de su plan de Gobierno, que son la ‘paz total’, las reformas y la nueva política antidrogas, se han trazado en un intento de cambio a pulso y sudor.
1. La transversalidad de la ‘paz total’
Dos meses después de su posesión, Petro puso su firma a uno de sus proyectos más ambiciosos: la ley de ‘paz total’, un marco para el diálogo con los grupos armados y organizaciones criminales.
Esta normativa, que sienta las bases para la política de paz del Estado, prioriza a las comunidades más afectadas por el conflicto interno, promueve el diálogo y buscar disminuir la violencia y exclusión.
La política ha sido criticada por la oposición, la Fiscalía y la Procuraduría, que han puesto objeciones a la «humanización penitenciaria» y a los beneficios para quienes colaboren con la Justicia.
Que Petro haya apostado a la negociación por encima del lenguaje de las armas no ha sido bien recibido en un país donde la respuesta suele ser a través de balas y bombardeos, lo que ha causado a lo largo de la historia un mayor número de bajas entre los civiles.
El fiscal general, Barbosa, a la cabeza de los reproches contra Petro, considera que el presidente busca flexibilizar el trato con los grupos armados; irrespetar el Estado de derecho, legalizar «la cadena criminal del narcotráfico» y «poner en peligro» a la ciudadanía.
En medio de estas diferencias, la Corte Constitucional anunció a finales de junio pasado que discutiría la ley de ‘paz total’, lo que podría dejar sin efecto la base de dicha política del líder del Pacto Histórico.
Retomar el diálogo perdido
El 21 de noviembre comenzó una nueva etapa de acercamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno. El diálogo entre ambos había quedado trunco en el mandato de Iván Duque, que lo dio por terminado en 2019, tras el atentado a una escuela de cadetes.
Las dos delegaciones se reunieron en Caracas, donde arrancó la primera ronda de conversaciones. La segunda siguió en Ciudad de México, donde se reconoció el estatus político del grupo armado, y la tercera se desarrolló en La Habana, donde finalmente se acordó el cese al fuego.
Este nuevo proceso, tras décadas de intentos que no llegaron a concretarse, también tuvo crisis. La primera ocurrió luego de un mes de que las partes se sentaron a la mesa, cuando Petro anunció el «cese al fuego bilateral» con varios grupos armados, entre ellos el ELN.
El equipo negociador de esa guerrilla calificó de inconsulta la decisión, lo que hizo que el mandatario la dejara sin efecto y pidiera un «tregua verificable». Tras una reunión extraordinaria se superó el ‘impasse’.
El panorama se vio ensombrecido luego de dos ataques cometidos por el ELN: uno dejó nueve militares muertos, lo que hizo que Petro llamara a su delegación a consultas, y en otro murieron tres personas más. Esa guerrilla dijo que respondió a las supuestas agresiones de la fuerza pública y sus rivales.
Superados estos momentos álgidos, el pasado 9 de junio, Petro consignó un decreto que declaró el alto fuego bilateral, nacional y temporal con el ELN, que arrancó el 3 de agosto, y que culminará el 29 de enero de 2024.
Como fecha tentativa, el mandatario planteó el 25 mayo de 2025 para que «cese definitivamente la guerra». No obstante, la vía para lograr la ansiada paz no está exenta de atascos y retos.
Las disidencias de las FARC quieren sentarse a negociar
El Estado Mayor Central (EMC), sector de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se plegó al Acuerdo de Paz de 2016, convino con el Gobierno sentarse a dialogar para pasar la página de las armas.
Con lentitud, el escenario para los acercamientos se ha ido preparando. Hasta el momento, el proceso atraviesa una fase preliminar donde se han logrado «acuerdos sustanciales de protección a la vida y a las libertades», según el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
El camino hasta este punto también ha tenido dificultades. En mayo pasado se levantó el cese al fuego, establecido el 31 diciembre de 2022, luego de que el EMC reconociera el ajusticiamiento de tres menores indígenas de sus filas. A pesar de ello, el Gobierno no rompió el dialogo.
