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El comité reiteró que su propósito no es generar confrontación, sino que las autoridades informen cuándo será integrada oficialmente la comisión ejecutora y cuál será el cronograma para el inicio de sus trabajos
El Comité Institucional Codiano (CIC) informó que intimó al Ministerio de Hacienda y Economía y presentó reclamaciones ante el Defensor del Pueblo y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), al cumplirse dos meses de la promulgación de la Ley 16-26 sin que las autoridades hayan anunciado la integración de la comisión encargada de ejecutarla.
La organización explicó que el pasado 1 de junio remitió una comunicación al Ministerio de Hacienda y Economía para solicitar información sobre la conformación de la comisión prevista en la legislación, responsable de validar, depurar, reconocer y viabilizar el pago de las acreencias históricas de los contratistas de obras públicas.
El vocero del CIC, el ingeniero Miguel Liberato, señaló que, al no recibir respuesta dentro del plazo establecido, la entidad depositó una intimación formal para exigir el cumplimiento del deber legal de responder, en apego a los principios de la administración pública y al derecho de los ciudadanos a obtener contestación de las instituciones del Estado.
¿Qué reclama el Comité Institucional Codiano sobre la Ley 16-26?
Informó que el comité solicitó la intervención del Defensor del Pueblo para que, dentro de sus atribuciones, vele por la tutela de los derechos de los ciudadanos frente a la inactividad administrativa que, según afirma, retrasa la ejecución de una ley vigente.
De igual forma, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el propósito de que esa institución determine si la falta de respuesta de las autoridades se ajusta a los principios de transparencia, buena administración, eficacia y respeto al ciudadano.
Liberato sostuvo que todas las actuaciones del CIC se han desarrollado por las vías institucionales y dentro del marco del Estado de derecho.
«En una democracia, la defensa de los derechos ciudadanos debe ejercerse mediante los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes. Ese ha sido nuestro proceder desde la promulgación de la Ley 16-26″, expresó.
El comité reiteró que su propósito no es generar confrontación, sino que las autoridades informen cuándo será integrada oficialmente la comisión ejecutora y cuál será el cronograma para el inicio de sus trabajos, de manera que la ley comience a producir los efectos para los que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.
La entidad recordó que la legislación busca atender las acreencias pendientes de decenas de contratistas de obras públicas, algunas con varias décadas de antigüedad. Según indicó, entre los afectados figuran personas de edad avanzada y familiares de profesionales fallecidos sin haber recibido el pago correspondiente por trabajos realizados para el Estado.
«Cada día de retraso tiene consecuencias humanas, pues hay contratistas que esperan cobrar en vida y familias que llevan años aguardando una respuesta. La pronta integración de la comisión no solo representa el cumplimiento de una ley, sino también un acto de justicia y de respeto hacia quienes durante décadas han esperado el reconocimiento de sus acreencias», concluyó Liberato.