ADP remite a Cámara de Diputados observaciones al Código Penal

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ANTO DOMINGO. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) remitió a la Cámara de Diputados un documento con observaciones al proyecto del nuevo Código Penal, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían criminalizar medidas disciplinarias, pedagógicas y correctivas aplicadas por docentes, directivos y orientadores en los centros educativos.

En una comunicación enviada a la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados, el gremio magisterial afirmó que respalda el fortalecimiento de la protección de niños, niñas y adolescentes, pero entiende que la legislación debe mantener un equilibrio entre esa protección y las garantías constitucionales que amparan el ejercicio de la función docente.

La carta está firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo y el consultor jurídico nacional del sindicato, John A. Bello.

Según la organización, algunas disposiciones del proyecto contienen términos amplios o poco precisos que podrían dar lugar a interpretaciones que afecten el ejercicio legítimo de la docencia, la actividad sindical y derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y organización.

La ADP sostuvo que sus observaciones no buscan otorgar privilegios a los docentes ni excluir de responsabilidad a quienes incurran en conductas ilícitas, sino contribuir a una legislación «más clara, justa y equilibrada», que diferencie las acciones delictivas de las actuaciones propias del ejercicio educativo y del cumplimiento de responsabilidades institucionales.

Entre las principales observaciones figura el artículo 121, relativo al hostigamiento e intimidación o «bullying». El sindicato considera necesario precisar el alcance de términos como «asustar», «aislar» y la referencia al «ámbito educativo», para evitar que medidas disciplinarias o pedagógicas adoptadas conforme a la Ley General de Educación 66-97 puedan ser interpretadas como conductas delictivas.

En ese sentido, propuso incluir un párrafo que establezca que no constituirán hostigamiento las medidas disciplinarias, pedagógicas, correctivas o de protección aplicadas de manera objetiva, razonable y conforme a la legislación educativa, siempre que no tengan como finalidad humillar, denigrar o causar daño físico o psicológico al estudiante.

Otra de las observaciones corresponde al artículo 214, sobre abandono de niños, niñas y adolescentes. La ADP planteó revisar la equiparación del maestro con los padres, madres o tutores en la agravante prevista para ese delito, al argumentar que el deber de custodia del docente es funcional, temporal y limitado a sus atribuciones legales.

El gremio propuso que la agravante se aplique únicamente cuando exista un abandono deliberado o una negligencia grave que ponga en peligro la vida o la integridad del estudiante.

Asimismo, la organización expresó preocupación por el uso del término «presión» en algunas disposiciones del proyecto, al considerar que resulta demasiado amplio y podría generar inseguridad jurídica para los docentes. En ese sentido, recomendó sustituirlo por expresiones como «presión psicológica grave, ilegítima o abusiva» o definir con mayor precisión las conductas sancionables, excluyendo las actuaciones disciplinarias y pedagógicas legítimas.

La ADP también llamó a precisar el tratamiento de la edad como categoría protegida dentro del ámbito escolar, al señalar que numerosas decisiones educativas se fundamentan legítimamente en ese criterio, como el ingreso a determinados grados, la organización de los niveles educativos y la participación en actividades escolares.

El sindicato informó que sus propuestas fueron remitidas a la Cámara de Diputados para su consideración durante el proceso de estudio del proyecto del nuevo Código Penal.