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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público reafirmó este miércoles durante su argumento de réplica ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la solidez de su acusación y la legalidad de las pruebas presentadas en el proceso seguido contra el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, por presuntos actos de corrupción administrativa, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.
De acuerdo con la acusación, Castillo Terrero habría participado en un entramado de corrupción vinculado al esquema del cemento asfáltico AC-30, mediante el cual se realizaban pagos fraudulentos, simulación de sociedades comerciales y maniobras de extorsión para obtener contratos y beneficios económicos.
El esquema de estafa supuestamente operó desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), mediante pagos fraudulentos por concepto de expropiación.
El órgano acusador asegura que el exministro se asoció con varios exfuncionarios y particulares con el propósito de obtener fondos no declarados para financiar aspiraciones políticas durante el proceso electoral del año 2020.
El Ministerio Público solicita que se dicte auto de apertura a juicio contra Gonzalo Castillo Terrero y los demás imputados en el presunto desfalco millonario, al entender que existen elementos de prueba suficientes, pertinentes y legalmente obtenidos para que un tribunal de fondo determine su responsabilidad penal.
También figuran en este proceso judicial el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, junto a otros exdirectores y empresarios vinculados al presunto entramado de corrupción.
Entre las imputaciones formuladas figuran:
•Estafa contra el Estado (artículo 405 del Código Penal).
•Asociación de funcionarios en asuntos incompatibles con su investidura (arts. 175 y 176 del Código Penal).
•Uso de documentos falsos (arts. 148 y 151 del Código Penal).
•Soborno (Ley 448-06 y arts. 177 y 178 del Código Penal).
•Financiamiento ilícito de campañas políticas (arts. 59, 64 y 78 de la Ley 33-18).
•Enriquecimiento ilícito (Ley 311-14).
•Lavado de activos (Ley 155-17).
El Ministerio Público sostiene que durante el período electoral de 2020 se habrían canalizado miles de millones de pesos provenientes de pagos irregulares por expropiaciones y deudas administrativas, los cuales habrían sido utilizados para el financiamiento político y fines personales.
Asimismo, se señala que el acusado habría facilitado espacios físicos para la recepción de dinero en efectivo y utilizado cuentas bancarias para dar apariencia de licitud a los fondos, incluyendo la apertura de una cuenta corriente en enero de 2020, cerrada en agosto del mismo año, que registró movimientos superiores a los 102 millones de pesos en menos de un año.
Respuesta a la defensa
En cuanto a los incidentes planteados por la defensa, el Ministerio Público solicitó el rechazo de la exclusión de pruebas periciales, asegurando que todas fueron obtenidas con autorización judicial y conforme a los artículos 208, 211 y 215 del Código Procesal Penal.
También pidió que se rechace la solicitud de auto de no ha lugar respecto al cargo de financiamiento ilícito de campañas políticas, al considerar que la acción penal no ha prescrito y que la acusación cuenta con fundamento probatorio suficiente.
