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SANTO DOMINGO. – La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, puso en conocimiento de la Procuraduría General de la República la situación de ciudadanos denunciantes de presuntos actos de corrupción administrativa.
La funcionaria explicó que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) recibió en agosto de 2025 una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON).
Tras los levantamientos iniciales, la institución determinó que los hechos son de naturaleza penal, por lo que el expediente fue remitido al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
PREOCUPACIÓN POR POSIBLES REPRESALIAS
Ortiz Bosch indicó que la visita a la Procuraduría responde a la preocupación de su organismo ante la posibilidad de que denunciantes o testigos puedan enfrentar represalias administrativas o legales.
Precisó que su presencia allí también estaba encaminada a fortalecer la coordinación interinstitucional en torno al caso.
Informó, además, que la institución trabaja en la elaboración de una propuesta normativa orientada a fortalecer los mecanismos de protección para denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos para consolidar una cultura de integridad y transparencia en la administración pública.
Reiteró el compromiso del Gobierno de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades y de colaborar con las autoridades para garantizar el respeto al debido proceso.
