SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público obtuvo condenas contra 17 personas y dos empresas acusadas de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0, dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
La sentencia fue dictada por el Primer Juzgado, que condenó a siete años de prisión a Miguel Ángel Camilo Pérez, alias «Camilo o Milo», señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal.
Asimismo, fueron condenados a cuatro años de reclusión los imputados Freddy William Urtarte «Metra», Juan Armando Vásquez Ramírez «Peligro», Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez «Tripplehmusic», Kelvin Antonio Carmona Sánchez «Calvin» y Deuris Antonio Franco De La Cruz, identificados como operadores de la estructura delictiva.
En tanto, el tribunal impuso cuatro años de prisión suspendida a Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla «Tan Tan», Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta «Gloria», Yenny Carolina Corniel Henríquez «Jenny», Arlin Josefina Rosa Rosario «Tiny», Ramón Esterling Polanco Leclerc «Ray o La Línea», Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez «White Boy».
La decisión judicial también incluyó condenas contra las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas por la red para la comisión de las actividades ilícitas.
Los condenados enfrentaron cargos por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y validó la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas durante el proceso, las cuales demostraron la operatividad de la red criminal y el daño causado a las víctimas.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes recordó que los condenados operaban desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicios, desde los cuales ejecutaban campañas sistemáticas de fraude, utilizando medios tecnológicos, afectando especialmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos.Las víctimas fueron despojadas de los ahorros acumulados por décadas.
La investigación, desarrollada por la Dirección General de Persecución en estrecha colaboración de las autoridades de Estados Unidos y con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet), permitió la recolección de más de 450 elementos de prueba, entre interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.
De forma paralela, el Ministerio Público tramitó procesos de cooperación judicial internacional, logrando extradiciones y la judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.