SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) anunció que las sanciones contempladas en el Decreto No. 166-25 comenzarán a aplicarse en enero de 2026, tras las evaluaciones del último trimestre de 2025, con el fin de garantizar una correcta capacitación y cumplimiento de las nuevas disposiciones sobre transparencia y acceso a la información pública.
La directora general de la Digeig, doctora Milagros Ortiz Bosch, explicó que, aunque inicialmente se había previsto iniciar las sanciones en octubre de este año, se determinó que su aplicación requiere una exhaustiva capacitación de los servidores públicos sobre los contenidos y alcances del decreto.
Ortiz Bosch detalló que las evaluaciones de las instituciones públicas se realizan mensualmente en función de la publicidad de las informaciones y se publican en un ranking trimestral. El período actualmente en evaluación corresponde a los meses de julio a septiembre, cuyos resultados servirán de base para las medidas que se implementarán a partir de 2026
Asimismo, la funcionaria precisó que esta disposición busca fortalecer el acceso a la información pública y garantizar la transparencia activa —que implica publicar datos de forma oportuna y completa en los portales oficiales—, así como la transparencia pasiva, que obliga a las entidades a responder en un plazo de 15 días hábiles a las solicitudes ciudadanas realizadas a través del SAIP o de las OAI.
El Decreto No. 166-25 impactará de manera directa las áreas sustantivas, de apoyo y transversales de los organismos públicos, al incluir el cumplimiento de las normas de transparencia como parte de los acuerdos de desempeño individual de los servidores públicos. Este cumplimiento representará 16 puntos del total de su evaluación anual, y será integrado por las direcciones de recursos humanos bajo la supervisión del Ministerio de Administración Pública (MAP).
La Digeig informó que la decisión de aplazar las sanciones responde a la necesidad de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales mediante jornadas de formación y acompañamiento técnico dirigidas a los responsables de Acceso a la Información (RAI) y a los técnicos de las Oficinas de Libre Acceso a la Información (OAI). Estas acciones buscan asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Durante un encuentro virtual que contó con la participación de 457 servidores públicos, se abordaron las nuevas disposiciones del Decreto No. 166-25, enfocadas en los principios de transparencia activa y pasiva, el uso del Portal Único SAIP y las buenas prácticas en su aplicación.