SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) inició el año 2026 con la detención de 837 extranjeros en condición migratoria irregular y la deportación de 686 a sus respectivos países, según informó la institución este jueves 1 de enero de 2026.
Los operativos de interdicción migratoria, realizados a nivel nacional, se ejecutaron en cumplimiento de la Ley General de Migración No. 285-04 y de las directrices del Estado dominicano en materia de control y orden migratorio.
La DGM reportó mayores incidencias en el Gran Santo Domingo y el Polígono central del Distrito Nacional, con la detención de 141 personas en sectores como Villa Mella, Los Alcarrizos, Los Mameyes en Santo Domingo Este y Cristo Rey; también en Hato Mayor–El Seibo (67); Independencia–Jimaní (63); La Altagracia–La Romana (53), incluyendo zonas de Bávaro y Verón; y Montecristi (50), en áreas como Villa Vásquez y El Vigilante.
En la Zona Este, los agentes de la DGM tuvieron presencia en Benerito, La Romana, en Bávaro, Verón y La Ceiba. Al noroeste, en la provincia fronteriza de Montecristi, hubo operativos en Villa Elisa, El Vigilante, Villa Vázquez y El Posito; mientras que en Barahona, intervinieron en Vicente Noble, Fondo Negro, Las Minas, Quita Coraza, Jaquimeyes, Habanero, en el Batey Algodón y en El Peñón.
Desde Puerto Plata, se reportaron detenciones en San Felipe, El Cupey, La Vigía, Sabana del Coroso y en San Marcos.
Del total de personas detenidas, 709 corresponden a operativos directos realizados por la DGM, mientras que 128 fueron entregadas por las instituciones militares y policiales como el Ejército de República Dominicana (94), la Policía Nacional (29) y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza (5).
Asimismo, la DGM deportó 686 ciudadanos extranjeros a través de los puntos de control migratorio fronterizo de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, luego de ser debidamente procesados conforme a los protocolos establecidos.
La Dirección General de Migración reiteró que estos operativos se desarrollan de manera permanente y focalizada, en estricto apego al marco legal vigente, con el objetivo de fortalecer el control migratorio, preservar la seguridad nacional y garantizar el orden público, en coordinación con los organismos de defensa y seguridad del Estado.