por: Acento
Espaillat reconoció que las circunstancias en que asumía el poder eran en extremo difíciles y que abrigaba el convencimiento de que toda la Nación rechazaría el horror de la guerra, quien estaba comenzando a lamentar el estéril desperdicio de sus fuerzas, puesto que la acción perturbadora iba perdiendo camino y a la par los principios iban ganando espacio. A su entender no estaba lejos la época en que el pueblo dominicano, tan vilipendiado, maltratado, mal aconsejado y dirigido, llegara a rendir tributo a la razón y culto a la justicia.
Espaillat reconoció que las circunstancias en que asumía el poder eran en extremo difíciles y que abrigaba el convencimiento de que toda la Nación rechazaría el horror de la guerra, quien estaba comenzando a lamentar el estéril desperdicio de sus fuerzas, puesto que la acción perturbadora iba perdiendo camino y a la par los principios iban ganando espacio. A su entender no estaba lejos la época en que el pueblo dominicano, tan vilipendiado, maltratado, mal aconsejado y dirigido, llegara a rendir tributo a la razón y culto a la justicia.
A partir del mes de febrero de 1876 las diferentes sociedades patrióticas y civiles de las principales regiones de la República Dominicana, autoridades eclesiásticas, intelectuales destacados, hombres de negocios, delegaciones diplomáticas y personajes honorables de distintas clases sociales, así como varios líderes de los partidos políticos mayoritarios, iniciaron una inenarrable jornada de peticiones al ciudadano Ulises Francisco Espaillat para que asumiera la postulación a la Presidencia de la República.
La petición del pueblo dominicano a este prestante y honorable ciudadano ocurrió tras producirse un gran alud de imputaciones de corrupción al entonces presidente de la República, general Ignacio María González. Esto le obligó a renunciar, procediendo a sustituirle los miembros del Consejo de Secretarios de Estado, el cual estaba integrado por Pedro T. Garrido, Interior y Policía; José de J s. Castro, Relaciones Exteriores; Pedro P. Bonilla, Justicia e Instrucción Pública; Juan B. Zafra, Hacienda y Comercio, así como por Pablo L. Villanueva, de Guerra y Marina, que asumió el poder desde el 23 de febrero de 1876 hasta el 29 de abril de 1876.
Entre las peticiones hechas a Espaillat figuraban personajes del mundo intelectual, religioso y militar de la talla del historiador, geógrafo y político Casimiro Nemesio de Moya; el obispo Fray Roque Cocchía; el patriota Máximo Grullón; el presidente del Partido Azul, General Gregorio Luperón; el patriota y escritor Mariano Cestero; el poeta José Joaquín Pérez; el novelista Francisco Gregorio Billini; el historiador nacional José Gabriel García; Tomás Mejía; Rafael Abreu hijo; el presbítero Pedro T. de Mena y Portes; el comandante de la Plaza de Armas de San Juan de la Maguana, Juan Bautista Tejada; el General de División y Comisionado Especial en las fronteras del Sur, José María Cabral, así como el educador y filósofo de origen puertorriqueño, Eugenio María de Hostos, entre otros.
De igual manera, hubo un conjunto de instituciones cívicas que le solicitó asumir tan alta responsabilidad, por entender que solo él podía unificar a todos los sectores de la vida nacional y llevarla por los senderos de paz y progreso que requería el país, entre ellas: Sociedad La Republicana, Sociedad Patriótica y Literaria Amante de la Luz, Sociedad Unión Nacional de San Juan de la Maguana, Club Patriótico de San Cristóbal, Sociedad Política Liga Nacional de Samaná y la Bandera Electoral Vegana, entre otras.
En carta enviada por el ciudadano Ulises Francisco Espaillat al obispo Roque Cocchía el 28 de febrero de 1876 en respuesta a una comunicación suya, le notificó que aceptaba la candidatura presidencial en los siguientes términos:
Cuando tantas personas distinguidas me exigen que acepte el encargado de dirigir los destinos de la Nación, no puedo negarme, y contando desde ahora con el valioso contingente que pueden prestarme sus consejos y su elevada posición social, acepto, más con el deseo de dejar probado que uno se debe a la patria, que porque crea ser a ésta de alguna utilidad.[1]
Asimismo, Espaillat respondió positivamente a la Sociedad Patriótica y Literaria “Amante de la Luz”, el 3 de marzo de 1876, la petición que le habían hecho diferentes instituciones y personalidades de distintos lugares del territorio nacional entre el 15 de febrero y el 2 de marzo de 1876 para que aceptara la Presidencia de la República.
Las elecciones generales de la República Dominicana fueron celebradas el 24 de marzo de 1876, en la que fueron presentados como candidatos 61 personas, entre las cuales Ulises Francisco Espaillat fue el más votado, al obtener 24, 329 votos de un total de 26, 410 votos, lo que significó un 92% de las votaciones. Entre los nombres de los candidatos postulados y votos obtenidos, resaltaban: General Gregorio Luperón, líder del Partido Nacional o Partido Azul, el segundo más votado, 559 votos; Manuel María Gautier, presidente del Partido Rojo en ausencia de Buenaventura Báez, 452 votos; Wenceslao Figuereo, 254 votos; Francisco Amiama, 123 votos; Juan Isidro Jimenes, 103 votos; José María Cabral, 97 votos; José Gabriel García, 57 votos; Máximo Grullón, 56 votos; Manuel Antonio -Memé- Cáceres, 52 votos; Juan Bautista Zafra, 19 votos; Manuel de Jesús Peña y Reinoso, 13 votos; el General Buenaventura Báez, 10 votos; Generoso Marchena, 10 votos; Manuel de Jesús Galván, 8 votos; el Presbítero Fernando Arturo de Meriño, 5 votos; General Eugenio Miches, 4 votos; el General Desiderio Valverde, 4 votos; el General Juan de Jesús Salcedo, 4 votos; Emiliano Tejera, 4 votos; Apolinar de Castro, 2 votos; Francisco A. Salcedo, 2 votos; General José Caminero, 2 votos; Mariano A. Cestero, 1 voto, para solo destacar a los más conocidos.[2]
Los resultados de las elecciones fueron dados a conocer el 15 de abril de 1876 por el Consejo de Secretarios de Estado, responsables del Poder Ejecutivo, donde se procedió a comunicarle oficialmente a Ulises Francisco Espaillat su elección como presidente Constitucional de la República Dominicana, al cual le expresó:
Vos habéis obtenido una mayoría espléndida, triunfo de la democracia, ante el cual, ciudadano, creemos que no vacilaréis y vendréis a ocupar el puesto os designa la Nación…De vos, ciudadano, se espera la paz fundada en la libertad y en la justicia; se espera el progreso en toda su plenitud y ve en vos el celoso guardián de la independencia y el firme sostenedor de la constitución y las leyes.[3]
Días después, la Iglesia Católica en la persona del obispo Roque Cocchía[4], expresó su adhesión al recién electo presidente de la República, Espaillat, lo que motivó el apoyo de toda la feligresía. De igual manera, políticos e intelectuales de todas las tendencias, incluso algunos adversarios al Partido Nacional o Partido Azul expresaron públicamente su apoyo al presidente electo Espaillat.
1-Ascenso de Ulises Francisco Espaillat a la Presidencia de la República
El 29 de abril de 1876 asumió el poder el ciudadano presidente Ulises Francisco Espaillat, quien en su discurso ante el Congreso Nacional expresó que por uno de esos ocultos designios de la providencia acababa de aceptar un puesto del cual le alejaban ayer los mismos motivos que le habían obligado a aceptarlo: “los temores de ver el país envuelto en los horrores de la guerra civil”.[5]
[1] Espaillat, Ulises Francisco. Escritos y Epistolario. Santo Domingo: Ediciones de la Fundación Corripio, 2002, p. 322.
[2] Rodríguez Demorizi, Emilio. Papeles de Espaillat. Para la Historia de las Ideas Políticas en Santo Domingo: Santo Domingo: Editora del Caribe, 1963, p. 129-131.
[3] Espaillat, Ulises Francisco. Escritos y Epistolario. Santo Domingo: Ediciones de la Fundación Corripio, 2002, p. 336.
[4] Rodríguez Demorizi, Emilio. Papeles de Espaillat. Para la Historia de las Ideas Políticas en Santo Domingo: Santo Domingo: Editora del Caribe, 1963, pp. 136-137.
[5] Espaillat, Ulises Francisco. Escritos y Epistolario (Santo Domingo: Ediciones de la Fundación Corripio, 2002, p. 340.
Espaillat reconoció que las circunstancias en que asumía el poder eran en extremo difíciles y que abrigaba el convencimiento de que toda la Nación rechazaría el horror de la guerra, quien estaba comenzando a lamentar el estéril desperdicio de sus fuerzas, puesto que la acción perturbadora iba perdiendo camino y a la par los principios iban ganando espacio. A su entender no estaba lejos la época en que el pueblo dominicano, tan vilipendiado, maltratado, mal aconsejado y dirigido, llegara a rendir tributo a la razón y culto a la justicia.
Al mismo tiempo Espaillat exhortó a todos sus conciudadanos a que del mismo modo que él estaba haciendo un sacrificio al aceptar tan alta responsabilidad como dominicano y ser humano, le solicitaba que hicieran igual sacrificio, ya fuese en naturaleza o de otro tipo. A todos los partidos políticos les tendió un ramo de olivo cuando proclamó:
Yo me ruborizaría si dijera que en mi Administración tendrán garantías todos los partidos, porque podría creerse en el extranjero que en esta República no existen leyes ni tribunales que las apliquen, porque no puede concebirse que donde haya unas y otros dejen de tener garantías todos los asociados. Espero que las tendrán todos; y como el buen régimen de las sociedades depende del respeto que se tiene a la ley, y como la experiencia me ha probado que en nuestro país el mayor número de desacatos contra ella han sido siempre cometidos por las mismas autoridades encargadas de hacerla respetar y cumplir, me desvelaré porque en adelante sean los empleados, sea cual fuere su categoría, los primeros en rendirle homenaje. Yo creo que en nuestro país se ha observado respecto a las conspiraciones una conducta poco lógica. Se principia por reducir a prisión mayor o menor número de personas, y –cuando a fuerza de persecuciones la conspiración ha llegado a obtener la fuerza de que carecía– tiene lugar un levantamiento, y con sus cabecillas se manifiesta la autoridad tan débil y condescendiente, cuanto ha sido severa en sus primeros pasos. Mi parecer es que debe seguirse estrictamente la práctica contraria. Los gobiernos y sus empleados deben dar garantías a los asociados, haciendo que la ley sea debidamente cumplida; pero sería privar a los honrados y pacíficos ciudadanos y sus familias de esas mismas garantías concederlas a los malhechores que –infringiendo la ley– fomentan y dirigen rebeliones y levantamientos, porque esos indultos y garantías no significan otra cosa que la autorización para volver a cometer los mismos crímenes. Es preciso que hagamos cesar esta funesta práctica, y que, en adelante, todos sin excepción alguna pueden vivir bajo las garantías que la ley concede a los ciudadanos pacíficos, cualquiera que haya sido el partido en que hayan figurado. No es raro oír decir ciertas personas no se las puede castigar, ya porque pertenecen al partido que está en el poder, ya porque son buenos peleadores. Esto no puede seguir así, por más que algunos pretendan asegurar que este sea un medio de robustecer a un partido. Yo creo que este es un gravísimo error, y pienso que, si los partidos políticos aquí se han ensañado tanto, ha sido debido en su mayor parte a ese ruinoso modo de entender la justicia. Sin embargo, si me fuera posible saber que la mayoría de los hombres de bien desaprueban mi modo de pensar, renunciaría desde luego al encargo de gobernar al país: no habría honra en ello.[1]
Como se habrá leído, al tiempo de darles plenas garantías a los diferentes partidos políticos en su actuación legal y constitucional, Espaillat se planteó concederles iguales garantías a los ciudadanos pacíficos, sin importar a qué partido pertenecía, siempre que todo sea resuelto en los tribunales con arreglo a una justicia sana y sin prejuicios. Asimismo, siempre y cuando no se desacatara la ley y tampoco se incurriere en concederle garantías a determinados malhechores que, amparados en algún partido político en el poder o fuera de él, procediera a indultarles y liberarles de sus responsabilidades, en caso de conspiraciones, rebeliones y levantamientos armados.
En ese discurso el presidente Espaillat destacó la situación deplorable de Hacienda Pública y exigía no solo una recaudación de las rentas sumamente escrupulosa sino también una gran moderación en los gastos, donde se procediese a disminuir algunos y a suprimir otros, como único medio para recuperar el crédito público.
[1] Ibidem, pp. 340-341.
Al referirse a los servicios públicos básicos, los cuales el país no había recibido como como consecuencia de la guerra fratricida que había vivido durante décadas, destacó la deuda pendiente que había con la instrucción o educación pública, en las siguientes palabras:
Yo deseo con toda sinceridad que el país pueda remunerar generosamente los servicios que sus hijos le han prestado en ocasiones a veces solemnes; pero las incesantes revueltas en que se ha visto envuelto lo han empobrecido a un grado tal, que hasta ahora no ha podido atender como es debido a una de las más imperiosas necesidades de la vida moral de los pueblos, como es la instrucción pública.[1]
Para el presidente Espaillat la justicia y la educación eran dos aspectos fundamentales de su gestión al frente del Gobierno, lo que explica de alguna manera por qué las puso en mano de un gran ciudadano, el historiador José Gabriel García, a través del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Espaillat veía en ellas la salvación de la República Dominicana, aunque ello implicara reducir gastos no indispensables del ejército y de la empleomanía pública para satisfacer esas necesidades básicas del pueblo dominicano.
[1] Ibidem, pp. 341-342.
Al mismo tiempo se refirió a la deuda que tenía su Gobierno con un prócer de la Independencia Nacional y su familia, quienes lo habían dado todo por la patria, y que desde hacía varias décadas habían sido abandonados a su suerte en el extranjero, razón por la cual entendía era un deber supremo del pueblo dominicano privarse de algunos beneficios para garantizar que él pudiera recibir el pan que necesitaba. En los siguientes términos lo planteó el presidente Espaillat:
Hay, sin embargo, un mártir que languidece abandonado de los suyos en suelo extraño, y es justo, es decente que los dominicanos se impongan alguna privación para que tengan un pan que enviar a uno de los próceres de nuestra Independencia.[1]
Ese mártir y prócer de la Independencia Nacional era el Padre de la Patria Dominicana, Juan Pablo Duarte, quien fue deportado por el general Pedro Santana el 10 de septiembre de 1844 a Hamburgo, Alemania, quien, tras ser deportada su madre, hermanas y sobrinos a Venezuela el 3 de marzo de 1845, viajó hacia allí para establecer su residencia. Duarte se dedicó con el sacerdote amigo Sangenis a educar a los aborígenes de la selva amazónica de Venezuela durante 12 años en el paraje de San Carlos de Río Negro. Cuando el sacerdote Sangenis regresó al llano del Apure, Duarte regresó con él y se estableció allí, donde se involucró activamente en las tertulias literarias y sociales de ese lugar.
El 15 de marzo de 1864 Duarte regresó a su patria junto a varios compañeros de arma para combatir la anexión a España y lograr la Restauración de la Independencia Nacional. Quien le recibió como vicepresidente del Gobierno Provisorio Restaurador y presidente en Funciones, fue precisamente Ulises Francisco Espaillat, quien le propuso en nombre del gobierno en armas que asumiera su representación en Venezuela y América del Sur para recabar apoyo solidario, a lo cual en principio Duarte se negó, pero para evitar ser un ente de discordia entre los patriotas restauradores, finalmente aceptó la misión que se le encomendó de asumir como ministro Plenipotenciario.
Cuando se produjo el asesinato del presidente José Antonio Salcedo el 5 de noviembre de 1864, Duarte renunció a sus funciones y condenó el hecho sangriento cometido por el generalísimo Gaspar Polanco en el campamento Las Javillas de Puerto Plata. Tras asumir la Presidencia de la República el 25 de noviembre de 1874, el general Ignacio María González envió una comunicación al patricio Juan Pablo Duarte en la que le solicitaba regresara junto a sus hermanas y demás familiares a su patria querida. Sin embargo, sus dolencias de tisis pulmonar o tuberculosis se profundizaron y quedó postrado en cama hasta su muerte el 15 de julio de 1876, momento en que el presidente Espaillat se proponía resarcir la ingratitud con que le habían pagado sus compatriotas la entrega total a la defensa de la patria.
Por otro lado, el presidente Espaillat presentó el panorama deplorable en que se encontraba el aparato productivo de la República Dominicana en los sectores de la agricultura, la ganadería, la comunicación interna y las finanzas para invertir en su desarrollo, al tiempo de plantear que todo ello se podía superar con el concurso entusiasta de todos los sectores:
Las condiciones en que se encuentra el trabajo entre nosotros son sumamente desfavorables. Unas veces es improductivo para unos, otras, falta totalmente para muchos, y, sin embargo, los terrenos abundan y son feraces. Pero en algunos puntos hacen falta las buenas vías de comunicación, y en todos, la confianza de los hacendados y algunos conocimientos indispensables de agricultura. El problema es complejo, pero resoluble, y haciendo abstracción de capitales, podríamos utilizar los recursos que posee nuestra sociedad para darle el necesario ensanche al trabajo, mejorando la suerte material del país, y morigerando al mismo tiempo las masas.[2]
Por último, se refirió a las condiciones deplorables en que se encontraba el ejército dominicano, razón por la cual abogó por que se regularizara, organizara, moralizara y disciplinara para que pudiera cumplir cabalmente con su función de salvaguarda de la soberanía nacional y se alejara de las acciones tumultuarias en que hasta entonces se había visto envuelto, para lo cual reclamó el apoyo y cooperación irrestrictos de los representantes del pueblo presentes en el honorable cuerpo legislativo ante los cuales se juramentó.
Es más que evidente que el presidente Espaillat delimitó claramente desde el primer momento su objetivo al frente del gobierno, consistente en ceñirse estrictamente al cumplimiento de la constitución y las leyes a través de la implementación de una justicia sana, enfrentar las rebeliones civiles y militares que durante la primera república y las primeras décadas de la segunda república se habían sucedido de forma incesante, darle solución a las necesidades prioritarias de la nación como la educación, el desarrollo agrícola y ganadero, las vías de comunicación interna, así como la institucionalización, moralización y disciplinización del ejército.
2-Medidas adoptadas por el presidente Ulises Francisco Espaillat en su gobierno
El presidente Ulises Francisco Espaillat tomó una serie de medidas clave desde que asumió el poder el 29 de abril de 1876, las cuales ponen de manifiesto que el mandatario tenía como objetivo central hacer prevalecer el Estado de Derecho en la República Dominicana, teniendo como punto de partida el respeto a la Constitución de la República y de las leyes adjetivas que les servían de complemento.
El domingo 30 de abril el presidente anunció en el primer decreto la designación de su gabinete ministerial, el cual tenía como característica esencial la elevada competencia profesional, la diversidad política e ideológica y un gran compromiso con la República Dominicana, integrado por las siguientes personas: el intelectual Manuel de Jesús Peña y Reinoso, en calidad de Ministro de Interior y Policía; el escritor Manuel de Jesús Galván, como Ministro de Relaciones Exteriores; el historiador José Gabriel García, como Ministro de Justicia e Instrucción Pública; el intelectual Mariano A. Cestero, como Ministro de Hacienda y Comercio; así como el general Gregorio Luperón como Ministro de Guerra y Marina, quien fue la primera espada de la Guerra de la Restauración y era el principal líder del Partido Nacional Liberal o Partido Azul.