Por :Daniel Peralta
El caso de la diputada Milly Martínez en Elías Piña
El fin de semana, en plena fiesta patronal de Elías Piña, lo que debía ser alegría terminó en un atropello constitucional.
Un escuadrón policial encabezado por el Coronel De León intervino a un grupo de jóvenes que disfrutaban con música en alto volumen. Hasta ahí, un procedimiento normal. El problema fue lo que vino después.
La diputada por esa provincia, Milly Martínez, intervino en defensa de los jóvenes y en lugar de ser escuchada como autoridad electa, fue maltratada, sometida y esposada por la propia Policía.
Sí, como usted lo lee. Una legisladora en funciones, esposada como una delincuente común por defender a su gente.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, no tardó en reaccionar y rechazó de manera contundente la acción policial, recordando que la misma viola de forma directa la Constitución de la República.
¿Y qué dice la Constitución? Lo dice claro en su Artículo 86:
«Ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.»
¿Estaba la diputada Milly Martínez cometiendo un crimen por mediar en una discusión por música? No.
¿Fue sorprendida en flagrante delito? Tampoco.
Entonces, ¿bajo qué orden legal el Coronel De León se atrevió a esposarla?
La Policía Nacional, ante el escándalo, envió al Inspector General de la institución a investigar lo sucedido en Elías Piña. Pero la pregunta que nos hacemos en Somos de Quisqueya va más allá:
¿Puede la Policía violar esa raya constitucional que protege al Poder Legislativo?
La inmunidad parlamentaria que establece el Artículo 86 y 87 no es un privilegio para que un diputado haga lo que quiera, es una garantía para que ningún policía, ningún fiscal y ningún gobierno pueda callar a un legislador que defiende a su pueblo.
Si hoy se la violan a una diputada delante de todo el pueblo en una fiesta patronal, ¿qué le dejan al ciudadano común?
¿O es que en la República Dominicana estamos manga por hombro y cada quien hace lo que le da la gana?
El caso de Milly Martínez no es un simple incidente de una patronal. Es la prueba de que todavía hay jefes policiales que no conocen la Constitución o que creen que un uniforme está por encima de ella.
Elías Piña exige respuestas. Y el país exige respeto.
Somos de Quisqueya
