Más de 200,000 descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad por la Ley de Memoria

La ley tiene como objetivo general el reconocimiento, la reparación y la dignificación públicas de las víctimas del golpe de Estado militar de 1936 contra el Gobierno de la II República

Más de 226.000 descendientes de exiliados y emigrantes españoles han solicitado la nacionalidad española acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en 2022.

Y del total de peticiones, se han aprobado 110.540 expedientes y se han inscrito hasta el momento 69.421, detalló este martes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en rueda de prensa.

Según el informe «Balance de la Actividad Consular 2023», tal manera de obtener la nacionalidad española «responde a una reivindicación recurrente de la colectividad española en el exterior».

Desde el 21 de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023 se recibieron en la red consular española 226.354 solicitudes en concreto.

La ley tiene como objetivo general el reconocimiento, la reparación y la dignificación públicas de las víctimas del golpe de Estado militar de 1936 contra el Gobierno de la II República, de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura posterior del general Francisco Franco, muerto en 1975.

Y daba un plazo de dos años desde la entrada en vigor para las solicitudes de nacionalidad, que podrá ser prorrogado un año más por el Gobierno español.

Según la ley, pueden solicitarla los «nacidos fuera del país de padres o madres, abuelas o abuelos exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia».

También pueden optar a ella los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución española de 1978, con la que se remató la transición democrática tras la dictadura.

Y, además, los hijos mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo con lo dispuesto en esta ley o en la precedente, aprobada en 2007, y que daba un plazo para solicitar la nacionalidad española hasta 2011.

En esa ocasión, se concedió a 213.787 personas y se presentaron 378.862 peticiones, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los países de Iberoamérica acapararon el 95 por ciento de las solicitudes, en especial Cuba, Argentina, México y Venezuela.

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